Jose Manuel Ramirez

Managing Director
A&M Practice Leader for Mexico
Works with large multinational companies and LATAM family-owned businesses
New York
@alvarezmarsal
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Jose Manuel Ramirez is a Managing Director with Alvarez & Marsal Tax in New York City. He serves in the Latin America Complex Transactions Tax Team and as the firm’s Practice Leader for Mexico.

With over 30 years of experience, Mr. Ramirez specializes in providing strategic tax services to large multinational companies and LATAM family-owned businesses. His background encompasses domestic, international corporate and personal tax planning, corporate restructuring (liquidations/spin-offs/mergers), centralized offshore treasury, cross-border transactions, M&A, indirect and excise duties, value chain management structures, site location, captive reinsurances, shared services centers, ruling negotiation, dispute resolution and tax controversy, and tax incentives projects.

Mr. Ramirez has provided services to clients across a wide range of industries, including retail, logistics, transportation, distribution, manufacturing/maquiladoras, food, tourism, construction, telecommunications, wines and spirits, pharmaceutical, broadcasting and media, mining, energy and renewable energy, real estate, infrastructure, venture capital, private equity, pension and sovereign funds, family offices, family-owned business transformation, captive reinsurance and banking.

Mr. Ramirez has been based in New York for the last 18 years and is currently advising multinationals investing in the LATAM region as well as Mexican and other LATAM multinationals investing worldwide. He also assists clients in designing efficient supply chain structures and the institutionalization of family-owned businesses.

Mr. Ramirez is a Mexican CPA, holds a professional tax certificate issued by the Mexican Institute of Public Accountants, and is a Regional Board Member of the United States-Mexico Chamber of Commerce Northeast Chapter.

Insights By This Professional

El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, mediante el cual se reforman integralmente las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Reglas PLD). Esta actualización representa la modificación más relevante al marco regulatorio desde su emisión en 2013 e incorpora elementos clave como la adopción formal de un enfoque basado en riesgos, la clasificación obligatoria de clientes conforme a su nivel de riesgo, disposiciones específicas sobre beneficiario controlador, la implementación de mecanismos automatizados y, por primera vez, la obligación de realizar auditorías anuales, internas o externas según el perfil de riesgo de la entidad.
Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer con la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (RMF) una facilidad para las instituciones del sistema financiero que efectúen pagos de intereses a fideicomisos no empresariales emisores de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, comúnmente conocidos como CERPIS.
En días pasados, se publicó en la Revista del TFJA correspondiente al mes de Mayo de 2026, la tesis IX-P-SS-509, mediante la cual la Sala Superior de dicho Tribunal sostuvo el criterio de que es improcedente el aumento de la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA), cuando la aportación de capital se pretende pagar mediante la cesión o transmisión de derechos de cobro derivados de títulos de crédito.
En los últimos meses, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) ha intensificado su enfoque de fiscalización mediante el uso de herramientas tecnológicas y cruces automatizados de información. En este contexto, el Certificado de Sello Digital (“CSD”) se ha consolidado como un instrumento clave de supervisión, en tanto constituye el medio indispensable para la emisión de CFDI y, por tanto, para la operación comercial de los contribuyentes, lo que ha llevado a que su restricción o cancelación sea utilizada como una medida efectiva para inducir el cumplimiento fiscal incluso de manera previa a la determinación formal de irregularidades. Asimismo, los desarrollos normativos y operativos recientes han reforzado esta tendencia, ampliando los supuestos de restricción y permitiendo bloqueos automatizados derivado de inconsistencias o riesgos fiscales detectados electrónicamente, incrementando de forma relevante el impacto operativo de estas medidas sobre las empresas.
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The Fifth Circuit has replaced its prior opinion in K Alain, L.L.L.P. v. Commissioner, adopting a new framework for determining when limited partners qualify for the self-employment tax exception.